Veintisiete años después de aquellos sucesos, sus familiares
siguen esperando respuestas para las numerosas preguntas que
cuestionaron la versión oficial ofrecida por la Guardia Civil y el
Gobierno español.
El Ministro del Interior español José Luis Corcuera ofreció una
primera versión oficial del suicidio colectivo en una comparecencia
parlamentaria: «Señorías, no vengo a demostrar la inocencia de la
Guardia Civil, ésta la supongo, como corresponde a un estado de derecho.
Serán los que opinan lo contrario quienes deban aportar las pruebas
necesarias».
El Director General de la Guardia Civil Luis. Roldán ratificó la
información oficial sobre los hechos transmitida por los responsables
del operativo: lo afirmado por el ministro es lo que ocurrió en Lumbier.
Pero el guardia civil Joaquín Castaño, miembro de las unidades GAR
que allí intervinieron y que participó en la detención de Germán
desmintió estas afirmaciones en unas declaraciones realizadas al
periódico "El Mundo": «Ese tío no intentó suicidarse: él quería vivir,
pero le habían pegado un tiro». Según el GAR, Rubenach, a pesar de tener
la lengua perforada por una bala, dijo su nombre con claridad. Reveló
que los otros dos estaban en la orilla del río: «yo le preguntaba si
Heavy, el jefe del comando, estaba abajo y contestó afirmativamente. No
era capaz de articular frases pero respondía ‘bai’, en euskera, cuando
quería decir que sí». Alguien nos estaba mintiendo al informar sobre los
hechos sucedidos.
Posteriormente, este guardia civil fue condenado por la Dirección
General a un mes y un día de arresto como responsable de una falta
disciplinaria grave por esas declaraciones y, aunque recurrió la
sanción, ésta fue ratificada por la Sala Militar del Tribunal Supremo.
La información oficial sobre el desarrollo de los hechos comenzaba a
estar en cuestión. En un primer enfrentamiento, los disparos que
acabaron con la vida del sargento Hervás y causaron heridas al otro
sargento Domínguez fueron declarados como hechos probados en la
sentencia dictada por la Audiencia Nacional, condenando como responsable
de ellos a Germán Rubenach quien, a su vez, recibía un tiro en la
pierna.
Pero hoy es el día en que seguimos sin conocer el origen y autoría de
los disparos recibidos por Jon, Susana y Germán ese mismo día.
Según el informe médico y de autopsia, Jon Lizarralde presentaba un
orificio de entrada situado en la zona derecha de la cabeza, cuyo
disparo fue realizado a cañón tocante. Además, el Instituto Nacional de
Toxicología, a solicitud del Juzgado, informó que los análisis
realizados en las muestras enviadas del pulmón, costilla, estómago y
sangre extraída del cayado de la aorta, comparándolas con el agua del
río Irati junto al que aparecieron, mostraban coincidencias y restos en
órganos de gran circulación, lo que les llevó a determinar que los
resultados obtenidos eran compatibles con una muerte por sumersión. Las
dudas crecían, ¿qué y quién produjo su muerte, el agua o el disparo?
En el caso de Susana Arregi, la autopsia resultó ser más sorprendente
ya que presentaba dos heridas por arma de fuego en el lado izquierdo de
su cabeza, siendo ella diestra, realizadas a muy corta distancia. Para
que la versión oficial no se resintiera, volvieron a matizarla
atribuyendo su muerte a una tercera persona y, como Germán permanecía
vivo, a él le cargaron la acusación. El Ministerio Fiscal recogió dichos
informes y acusó a Germán de homicidio y autor de los disparos
recibidos por Susana, a la vez que presentaba sus heridas y el disparo
recibido por Jon como actuación propia de un comportamiento suicida.
Por el contrario, la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
absolvió a Germán y dijo: «No se ha acreditado ni constatado cómo se
produjeron las heridas causantes de la muerte de dichas personas, ni las
graves lesiones sufridas por el procesado Rubenach causantes de las
grandes secuelas que le han quedado, ni que hubiera acuerdo entre ellos
para suicidarse, en el supuesto de ser rodeados por la Fuerza Pública.
(…) El Tribunal ha llegado a la expresada conclusión absolutoria ante la
falta de solidez, concordancia y seguridad del material probatorio
existente en la causa».
En consecuencia, seguíamos sin conocer una parte importante de lo
sucedido en el interior de la Foz de Lumbier ese día, que sólo la
Guardia Civil pudo conocer por el cerco establecido con numerosos
efectivos, vehículos, helicóptero, buzos y unidades caninas. Y la
Fiscalía y la Audiencia Nacional dejaron de lado la investigación tras
esa sentencia.
Lo que sí conocimos en los días siguientes fueron numerosos
operativos policiales dirigidos a detener personas y localizar
viviendas, materiales y apoyos en Irunberri, Iruñea, Lekunberri, Tafalla
y Kadreita, que culminaron con el hallazgo del zulo donde meses atrás
habían tenido secuestrado al empresario Villoslada, en Basaburua. Por el
origen de estas informaciones se preguntó durante el juicio en la
Audiencia Nacional pero ningún responsable policial aclaró cómo las
habían obtenido, a pesar de no ser ocupadas entre los efectos de los
fallecidos.
En estas circunstancias, la organización a la que pertenecían rechazó
enérgicamente las diferentes versiones oficiales, responsabilizando de
lo sucedido a la Guardia Civil: «Eta torturak, jakina, eman ditu bere
ohizko fruitu ustelkor bezain salatzaileak, ‘aurkikuntzak’ bailiran, ohi
denez, aurkeztu nahi izan dituzten arren».
Veintisiete años después siguen muchas preguntas sin respuesta.
Secretos oficiales, materias clasificadas y reservadas que algún día
saldrán a la luz para satisfacción de sus familiares. Ahora, siguen bajo
el secreto y el amparo de una Ley de Secretos Oficiales vigente aún
desde 1968 y firmada por el general Franco, cuya reforma está reclamando
la memoria histórica. Confiemos en que también ayude a conocer la
verdad sobre estos sucesos.
Dice Egiari Zor Fundazioa que la verdad es un imperativo ético que no
todo el mundo asume, pero el reconocimiento y la reparación de todas
las víctimas es un paso fundamental para construir una convivencia en
términos democráticos.
Txemi Gorostiza
Abogado